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El departamento de Córdoba ha vivido desde muchos años atrás distintos tipos de violencia y corrupción, hechos que han marcado y que han dejado como consecuencia muertes, pobreza y subdesarrollo.

A finales del año 2019 y en lo que ha trascurrido del año 2020, el mundo ha venido sufriendo una de sus peores emergencias sanitarias debido al virus SARS-V2, que produce la enfermedad covid-19, convirtiéndose ésta en una pandemia que ha afectado a casi todas las naciones, ya sea por su sistema de salud, la inequidad social o ambas. En Colombia, especialmente en el departamento de Córdoba se han establecido distintas acciones para contrarrestar la propagación del virus, como la prevención, atención e inversión en infraestructura hospitalaria, pero que se ha visto minusvalorada por la gran crisis en la salud que ha vivido el departamento a lo largo de su historia, agudizado por la apropiación ilegal y repugnante  de los recursos públicos por parte de los funcionarios de anteriores administraciones y políticos durante los últimos veinte años. Es necesario entonces, analizar las consecuencias de los hechos de corrupción a través de los carteles de la salud en Córdoba con relación al desnudo de la crisis en el sector, evidenciada por un nefasto y precario servicio que se ha dado al iniciar la pandemia y que ha traído graves problemas a la población, sobre todo a la más vulnerable.

Toma de muestra en el departamento de Córdoba
Toma de muestra en el departamento de Córdoba

 

En el país, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se tiene como eje el Plan Obligatorio de Salud (POS), que corresponde al paquete de servicios básicos ofrecidos a la población pobre y vulnerable, para lograr lo anterior y hacer efectivo el ingreso de esta población, el Estado Colombiano ha definido al Régimen Subsidiado en Salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del Derecho fundamental de la Salud y a los entes territoriales, en este caso, el departamento de Córdoba. El cual es responsable de la operación adecuada, así como de la inversión y contratación con las EPS-S de los recursos provenientes de la nación, recursos propios (SGP) y del FOSYGA para garantizar el derecho. Córdoba, además de poseer una alta tasa de pobreza multidimensional, doblando al porcentaje nacional, según fuente (DANE, 2018) tiene según datos de la secretaría de salud departamental, más del 98% de la población en el régimen subsidiado de salud, mientras que el 17.8% se encuentran en el régimen contributivo. Según la fuente, también se tiene que el departamento solo cuenta con cuatro hospitales de mediana complejidad, y 27 de primer nivel o baja complejidad, que son Empresas Sociales del Estado (ESE) y existen un sin número de EPS e IPS privadas que se encargan de prestar el servicio.

 

Por lo anterior se ha dificultado llevar un control territorial de registro, tanto de los servicios ofrecidos como de la atención, esto debido a la inexistencia de una mecanización de los datos de los pacientes. Esto ha permitido una desorganización financiera y administrativa que ha propiciado la desviación de los recursos públicos en salud, que ha sido sin lugar a dudas, una gran enfermedad para el sector salud y para todos los cordobeses. Esta breve claridad sobre la forma en que funciona el sistema de salud y la participación de los entes territoriales, se hace para entrar en detalle de cómo utilizaron bajo la fórmula de recobros de salud de las personas subsidiadas al régimen, un plan criminal entre las antiguas administraciones de la gobernación de Córdoba, las EPS e IPS que conllevó a la unidad de cuidados intensivos al departamento y su gente.

Por otro lado, una realidad innegable es que en el departamento en los últimos años se han desencadenado muchos casos de corrupción y que esa guerra que se daba en el campo con asesinatos y desplazamientos de campesinos, pasó a ser también una guerra interna entre las administraciones del Estado, encabezado por dirigentes políticos y funcionarios públicos. Es así como comienza entonces la era de los carteles de corrupción. Ahora bien, la palabra “cartel” que desde la década de los ochenta hasta la actualidad es utilizada para nombrar a grupos criminales de distintas índoles, especialmente del narcotráfico y el delito común, fue utilizada por la prensa para nombrar los hechos delictivos en el sector salud en Córdoba que hicieron funcionarios públicos e instituciones prestadoras del servicio de salud IPS. No cabe duda que en Córdoba la clase política y funcionarios públicos, por medios de sus carteles de corrupción, han hecho de este departamento un saqueo deplorable que ha afectado en gran medida su sostenibilidad.

Desde lo anterior, empezamos a detallar el cartel más sonado de todos y que permitió desnudar otros casos de corrupción:

 

El cartel de la hemofilia

Éste consistió básicamente en cobrar al departamento multimillonarias cuentas por el tratamiento de falsos pacientes hemofílicos, enfermedad hereditaria poco común en el caribe colombiano y que según hematólogos provoca la deficiencia de factores de coagulación de la sangre, lo que podría conducir a sangrados peligrosos y hasta mortales. Los tratamientos a esta enfermedad y el alto costo (Cuenta de alto costo- CAC) de la hemofilia con factor Von Willebrand (EvW); permitió abrir la investigación, puesto que, este tipo de hemofilia es –no pos-, y la forma de sacar los recursos se harían por las denominadas Cuentas Maestras que son las destinadas por el Ministerio de Hacienda para este tipo de medicamentos y tratamientos no subsidiados, que de ello se aprovecharon como lo dió a conocer la Contraloría General de la Nación. Según resoluciones con vigencias de 2012 a 2014, el gobernador de ese entonces Alejandro Lyon, por medio de la secretaria de salud ordenó el giro de $39´754.371.896, para el pago y suministro fraudulento del medicamento denominado FACTOR VIII en beneficio de 156 pacientes de la IPS “Unidos por su bienestar” y 5.750 millones de pesos por medicamentos para 35 pacientes en apenas siete meses de 2014 de la IPS “San Jose de la sabana” que supuestamente padecían hemofilia.

En este cartel, entre el gobernador de ese entonces Alejandro Lyons Muskus, los  Ex secretarios de salud; Alfredo Aruachan Narváez, Edwin Preciado, José Jaime Pareja; los gerentes de las IPS; Guillermo Pérez Ardila (IPS unidos por su bienestar) y Rubén Guerra Gil (San José de la Sabana) que posteriormente fue candidato a la asamblea en el 2014;  el ex coordinador del Plan Ampliado de Inmunización PAI, Alfredo Ceballos Blanco; los ex auditores: Juan David Nader y Marcela Suarez y el medico epidemiólogo de la secretaria de salud dptal Alexis Gaines,  defraudaron por más de 50  mil millones de pesos al departamento. Cabe mencionar que el gobernador del periodo 2016- 2019 Edwin Besaile estaría involucrado en este mencionado cartel según el Comunicado de Prensa No.177 de la Contraloría General de la Nación al viabilizar el pago de 1´525.045.600 a la IPS San José de la Sabana en retribución a los dineros que le habrían entregado para financiar su campaña electoral. Motivo por el cual fue destituido del cargo y hoy se enfrenta a los procesos judiciales y disciplinarios.

 

 

Cartel de los pacientes de Síndrome de Down

Durante la misma administración departamental en cabeza del gobernador Alejandro Lyons Muskus, finalizando su periodo de gobierno entre 2014 y 2015 orquestó el conocido “cartel de los pacientes de Síndrome de Down”bajo la misma lógica de recobros, pero esta vez cubriendo tratamientos –pos- que se encuentran cobijado en el régimen subsidiado junto a los –no pos-. Es así como desfalca las finanzas del departamento por $5.264 millones de pesos. La forma en que utilizaron a los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad fue descaradamente perversa, en el que las IPS fueron la caja de semejante robo. Los tratamientos ordenados a pacientes con retraso mental moderado y profundo, así como con parálisis cerebral espástica y Síndrome de Down consisten en terapias que tienen un componente adicional, que es del neurodesarrollo o neurorehabilitación en cada caso, siendo así, el tratamiento de base (terapia) se encuentra incluido en el –pos- y la Gobernación sólo debía reconocer el valor correspondiente a la tecnología diferente (neurodesarrollo). Sin embargó, realizó el pago por ambos conceptos y no adelantó ninguna gestión para que las EPS correspondientes adelantaran la compensación.

Además del gobernador de entonces, Alejandro Lyons Muskus, según el portal La Silla Vacía, los directos responsables fueron el ex secretario de salud Edwin Preciado Lorduy y varias IPS tales como: Unidad Integral de Terapias de la Costa IPS S.A.S, cuya representante legal es Diana Spath Storino, familiar del amigo cercano y asesor jurídico de Lyons; Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S cuya representante legal es Tania Otero Arroyo, esposa del director jurídico de esa empresa Eduardo Padilla Hernández, ex candidato a la gobernación del dpto. en el año 2016; IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud; y por último, Crecer y Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación.

Cartel del Sida

Como si fuera poco, y para cerrar con broche de oro, la contraloría General de la Nación, en cabeza del contralor Fernando Carrillo, destaparía en el 2018 lo que sería un nuevo cartel, el cartel del Sida en Córdoba. Aquí estarían involucrados Luis Alfonso Hoyos Cartagena, quien se desempeñó como director administrativo entre el 18 de marzo de 2005 y el 9 de marzo de 2017, y Emiro Darío Márquez Martínez Hoyos, quien ocupó el cargo desde el 9 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2017, éstos habrían vulnerado el principio de moralidad y desconocieron el de economía al haber permitido, al parecer, que los recursos del departamento fueran desfalcados, bajo la misma modalidad del cartel de la hemofilia.  El Ministerio Público cuestiona que Comfacor haya pagado supuestos sobrecostos por más de $12.000 millones por complicaciones asociadas a este diagnóstico. Los dos funcionarios habrían pagado facturas de pacientes que no estaban dentro de la base de datos y cancelaron a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) cuentas de usuarios cuyas cédulas no aparecían en la Registraduría Nacional.

 

Lo que el desfalco nos quitó…

Si sumamos todo el dinero de la salud que ha sido desviado con rumbo a los bolsillos de los ya mencionados cabecillas de estos carteles, tendríamos aproximadamente más de 70 mil millones de pesos saqueados de los recursos públicos destinados a la salud de los cordobeses. Con ese dinero se hubiese comprado ____________ camas uci; demás, se hubieran recuperado los hospitales públicos del departamento en su estructura, financiamiento y calidad, antes de ser intervenidos por la Supersalud, como medida ultima, debido al pésimo servicio que ofrecían, así como su mala o poca infraestructura física, hospitalaria y de talento humano. Por ejemplo; el hospital San Jerónimo de Montería fue intervenido mediante la resolución 0360 del 1 de febrero de 2019, como resultado de un seguimiento en donde se identificaron fallas que ponen en riesgo la garantía de la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud a los usuarios de este departamento y su área de influencia, así como un déficit de más de 50 mil millones de pesos.  Este año la Supersalud ordenó mantener la medida de intervención especial por seis meses más, a través de la Resolución 9242 de 2020. También, fue intervenido el hospital San Diego de Cerete con base en la resolución N° 10830 del 20 de diciembre de 2019, prorrogada mediante la resolución 011993 del 16 de octubre de 2020 por seis meses, debido a hallazgos de algunos tratamientos que inician tardíamente por falta de medicamentos, insumos con fecha de vencimiento expiradas e inadecuadas condiciones de aseo y desinfección de superficies, y otros temas de administración y fiscales.

Al no administrar los recursos de la salud trasparentemente, la emergencia sanitaria producto del covid 19 afectó drásticamente a la población, puesto que Córdoba no contaba con los equipamientos necesarios de camas UCI, ventiladores, laboratorio para el procesamiento de muestras, personal de salud y toda la infraestructura pública y de la red privada disponible en el momento que se inició esta pandemia. Mientras que, en el departamento de Córdoba en todo ese periodo de años los carteles hicieron de las suyas y se robaban el dinero; en distintos departamentos y ciudades se invertía en salud. Se pueden mencionar casos concretos como lo sucedido en el departamento del Atlántico, que bajo la ordenanza No. 000324 de 2016, se concedió autorización al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa para la adjudicación del contrato para construir cuatro modernos hospitales con un monto de $32.041.829.895 mediante la modalidad de licitación pública en los municipios Malambo, Manatí, Campo de la Cruz y Candelaria, lo cual benefició a 180 mil ciudadanos.  Así también, en la ciudad de Barranquilla, que en el 2017 iniciaron la construcción del nuevo Hospital General de la ciudad con un presupuesto de $57.902.334.260, son ejemplos claros de la inversión que se daba en distintos departamentos, caso opuesto al departamento de Córdoba. Cabe concluir de lo anterior, que entonces en el caso Córdoba, con el dinero que ha sido robado a lo largo de los últimos años, se hubiese podido utilizar en situaciones complejas como las que se ha vivido este año con la pandemia, al menos se habría podido construir 4 hospitales de mediana complejidad en las distintas zonas del departamento, y hasta sanear la deuda del hospital principal de Córdoba, como lo es San Jerónimo.

¿Otro apéndice de corrupción?

Los malos manejos del pasado y el aumento de contagios de coronavirus que a la fecha superan los 26 mil, han cobrado la vida de más de 1600 cordobeses. Estas víctimas que, según fuentes de la secretaría de salud, fallecieron con resultado positivo de covid-19, tienen como causa directa de muerte la complicación de sus comorbilidades o patologías de base. Atendiendo al perfil epidemiológico del departamento en donde las patologías y comorbilidades son Obesidad, diabetes, Hipertensión arterial, inactividad física y que se observa como consecuencia de la presencia de ECNP complicaciones como la Enfermedad Renal Crónica, surge entonces diversos interrogantes sobre la eficacia de los programas de promoción y prevención en salud en el departamento, programas que tienen como fin disminuir los efectos adversos que hoy se tiene, puesto que un tratamiento oportuno y adecuado de la enfermedad hubiese controlado la tasa de letalidad a esta población que en su mayoría son adultos mayores.

Desde el año 2012 al 2015, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental “Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Cordoba” del entonces gobernador Alejandro Lyons Muskus, con el “Plan plurianual de inversiones detallado” en su eje de “Salud eficiente, con transparencia y sin corrupción” detalla dentro del programa de “promoción social” unos subprogramas como el “Programa para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales” y otros; para lo cual destinó una inversión de más de 11 mil millones de pesos en ese cuatrienio. Al igual que en el plan de desarrollo 2016 – 2019 “Unidos Por Cordoba” en su componente “Salud para el equilibrio social” en el subprograma” Gestión integral de riesgo en salud” en donde se estimula una inversión mayor a los 12 mil millones de pesos. Ahora bien, al observar las cifras de letalidad que ha dejado el virus en la población, podemos entrar a suponer que la inversión por parte de los programas de promoción y prevención fue de más de 20 mil millones de pesos, inversión que nos preguntamos entonces ¿en qué fue invertida? Además, si las EPS realizaron eficientemente dichos programas ¿cuál fue el papel que jugaron las secretarias de salud en esos periodos?

Una nueva administración comenzó

A pesar de lo expuesto anteriormente, este año comienza una nueva administración y con ella, comienza el cambio. Se genera un nuevo camino, uno que podría llevar a Córdoba a recobrar su sostenibilidad y poder llegar a enfrentar situaciones difíciles. Dicha administración la lleva a cabo Orlando Benítez quien, desde mediados de agosto, anunció inversiones locativas y recuperación física de hospitales y puestos de salud en distintos municipios del departamento de más de 15 mil millones de pesos, además de los 20 mil millones de pesos invertidos en todo el sector salud, de los cuales 8 mil fueron utilizados para la dotación hospitalaria como monitores, respiradores, succionadores, ventiladores portátiles para fortalecer las áreas UCI de las ESE. Hoy en medio de la pandemia, se puede decir que se ha fortalecido la red pública y privada de salud del departamento con obras que han ayudado a contener la letalidad del virus tras 7 meses de impacto de la pandemia en el departamento.


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Categories: Notas Ciudadanas

One comment

CÓRDOBA, UN DEPARTAMENTO SAQUEADO Y DESANGRADO

  1. Y donde esta el presidente de la república? Gobernar es prever, controlar, ajusticiar, y no esconderse detrás de una escoba a esperar a ver quien le pone coto a los crímenes. Esos son crímenes de lesa humanidad. Un crimen de Lesa Humanidad no debe prescribir jamás. NINGUN CRIMEN debe prescribir jamás. Si se conoce el crimen a los veinte, treinta o mas años, se debe ajusticiar al criminal así tenga 80 años. Y se debe aplicar la extinción de dominio sobre absolutamente todo su patrimonio y el de sus testaferros. No a la alcahuetería de partido.

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