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El constructor del túnel por el que los poderosos se le escapan a la Corte Suprema se llama Jaime Granados. En su eficiente labor para logar la impunidad de sus defendidos, el doctor Granados ha llegado a tal grado de cinismo que es capaz de sostener dos tesis contrarias sobre el mismo caso.

Por Daniel Coronell

La Corte Suprema de Justicia ya no asusta a ningún poderoso. La tronera legal que armó con su jurisprudencia contradictoria e inconsistente sobre el fuero de los congresistas ha convertido en rey de burlas al máximo tribunal. Cada vez que la otrora temida Corte tiene pruebas contra un senador, el investigado renuncia a su investidura y el expediente pasa a la cómoda y politizada Fiscalía de Francisco Barbosa.

El caso más reciente es el de Eduardo Pulgar. El senador fue grabado mientras le ofrece “doscientas barras” a un juez para que decida a favor de su amigo Luis Fernando Acosta Osío, diciendo de viva voz que así su compinche y patrocinador puede controlar una universidad que “me pone unos votos muy importantes”, “esos manes me ayudan con becas, me dan puestecitos” y “en campaña me tiran un billetico”.

Ante el cúmulo de evidencias, la Corte ordenó su captura mientras que la Procuraduría se disputaba la jurisdicción disciplinaria con la inútil Comisión de Ética del Senado.

La defensa de Pulgar hizo todo lo que pudo para dilatar el proceso disciplinario para impedir que lo iniciara el procurador saliente Fernando Carrillo y que más bien llegara a las manos de la nueva procuradora Margarita Cabello, de cuya cercanía con Pulgar dan cuenta fotografías publicadas en esta columna.

El constructor del túnel por el que los poderosos se le escapan a la Corte Suprema se llama Jaime Granados. En su eficiente labor para logar la impunidad de sus defendidos, el doctor Granados ha llegado a tal grado de cinismo que es capaz de sostener dos tesis contrarias en el mismo caso.

Para retardar el proceso disciplinario contra Pulgar, y tratar de quitárselo a la Procuraduría de Carrillo, Granados aseguró ante el Consejo de Estado que “Debido a que el senador Pulgar Daza tenía la calidad de congresista en el año 2017 y los hechos relacionados con el presunto ofrecimiento dinerario a un servidor judicial derivan de una afectación a la función congresional, por la posible violación de los deberes contemplados en el artículo 8 de la ley 1828 de 2017, la autoridad competente para continuar adelantando el proceso disciplinario es la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República.”

Hace pocos días, cuando su cliente renunció al Senado, el abogado Granados envió un extenso memorial a la Corte Suprema pidiendo remitir el caso a la Fiscalía por competencia.

El abogado que antes afirmaba que la conducta disciplinaria debía ser investigada por la Comisión de Ética del Senado por “afectación de la función congresional” pasó a sostener que: “Las conductas punibles por las que se investiga al ciudadano Eduardo Enrique Pulgar Daza no tienen relación con las funciones por él desempeñadas como senador de la República”.

 

El doctor Granados como dice una cosa dice la otra.

La Corte Suprema de Justicia debe decidir si tolera nuevamente que la impunidad impere por cuenta de este mecanismo que permite a estos personajes escoger su juez.

La primera vez que el expresidente Álvaro Uribe renunció al Senado, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria, aseguró que no lo hacía para escapar a la jurisdicción del más alto tribunal sino por dignidad.

Los invito a leer el trino del entonces senador Uribe: “Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”.

Los hechos prueban lo contrario. La Corte no mantuvo ninguna competencia. Con la asesoría del mismo abogado Jaime Granados, el entonces detenido expresidente Uribe renunció al Senado para escapar cobardemente de la Corte y quedar bajo el manto de la Fiscalía, que en la práctica no lo investiga a él sino que busca desesperadamente pruebas contra quienes se han atrevido a denunciarlo para así desviar definitivamente el proceso.

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EL CASO DESGRANADO

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