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Por Daniel Samper Pizano

Hace algunas semanas se produjo uno de esos momentos insólitos que logran a veces las entrevistas radiales. Los periodistas de la W inquirieron con insistencia al defensor del pueblo, Carlos Camargo, dónde se encontraba el 30 de abril y primeros de mayo mientras estallaban en Cali las protestas y la sangrienta represión, pues parecía que gozaba el fin de semana en una finca de recreo en Anapoima. En actitud tan torpe como sospechosa, Camargo se negó a indicar su paradero.

El periodista Juan Pablo Calvás le preguntó por qué sus tres carros blindados habían viajado el jueves al conocido veraneadero de la burguesía bogotana y el entrevistado, enredado en una telaraña de babas retóricas, dijo que él no viajaba en esos carros e ignoraba que su escolta motorizada se había trasladado a Anapoima.

Sobra decir que nadie le creyó. Al día siguiente, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de los blindados, exculpó al defensor y dijo que el usuario no tenía nada que explicar sobre el destino de la caravana. Inesperado respaldo, si no fuera porque la esposa del escurridizo director de la UNP disfruta de un contrato de asesoría con Camargo por 110 millones de pesos.

La bochornosa anécdota del defensor del pueblo ilustra la ligereza y glotonería con que la rosca presidencial ha irrumpido en los salones de mando y las alcancías del Estado. Laila Abu Shihab, del portal Vorágine, examinó una lista de 48 personas que Duque, saltándose con garrocha la carrera diplomática, nombró en altos destinos del servicio exterior. Se destapó entonces un carnaval clientelista donde prevalece “el claro favorecimiento a individuos sin experiencia próximos a políticos conservadores y uribistas”. Desengañémonos. Esta no es “una nueva generación al servicio del país”, según sugieren algunos ingenuos o mentirosos, sino el país al servicio de los amigos y copartidarios del presidente.

Como acontece con otros del combo reinante, Camargo ha picoteado en empleos de variada naturaleza: Registraduría, contratista particular, Federación de Departamentos, Defensoría… Es un cazador y defensor de puestos. La Constitución señala que la principal función de esta agencia es velar por “la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”. Camargo no es especialista en semejante disciplina jurídica cada vez más trascendental y exigente. Tampoco lo son la procuradora ni el fiscal. Pero, a falta de conocimientos, casi todos tienen el diploma primordial: haber pasado por la flojita Universidad Sergio Arboleda, como el presidente, el fiscal, el antiguo consejero de paz, el superintendente de Industria y Comercio y un interminable etcétera.

El costo que paga el país por tal asalto es elevado. El primero es la frustración, pues una labor que se hacía bien queda ahora en manos inadecuadas. En 2019 la Defensoría era la institución con mejor imagen entre los colombianos; Carlos Negret, predecesor del actual jefe, fue incansable trabajador en pro de los derechos de la gente. Al terminar su mandato, en agosto pasado, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, expresó: “Negret acercó la Defensoría a las comunidades más remotas y deja una entidad con credibilidad. Es decepcionante que ninguno de los ternados por Iván Duque tenga experiencia en derechos humanos”. Hoy la imagen del nuevo defensor está por los suelos. El sindicato de trabajadores de la Defensoría señala que la entidad adelantaba una labor “reconocida y cercana a la gente”; y ahora se “ha visto desdibujada”. Tanto, que le exige la renuncia “por politiquería, clientelismo y corrupción”.

El segundo costo se tasa en pesos. Es escandaloso el carrusel de contratos que ha montado en tiempo récord el sucesor de Negret. El investigador Ariel Ávila, la W y el columnista Yohir Akerman son duchos en esta materia. Ávila expone que cuando Camargo estaba vinculado a la Federación de Departamentos “se dedicó a entregar contratos a diestra y siniestra”, ejercicio que prolonga y aumenta en la Defensoría. Firmó 648 por 36.400 millones de pesos en marzo y abril de 2021, según la W. Entre los beneficiados aparecen una alcaldesa cartagenera condenada a doce años de prisión, la exesposa de un congresista de Cambio Radical y una sociedad de la que forman parte el nuevo embajador ante Washington, Juan Caros Pinzón, y tres generales. Abundan las compras. Pagados con tarjeta de crédito de dineros públicos se destacan 600 mil pesos en rosas y unos zapatos Ferragamo de 1,2 millones. La lista es larga, entre otras causas porque en tan breve tiempo el señor ha creado una nómina paralela de 360 empleados que aplastó a los trabajadores expertos. El senador Iván Cepeda denunció ante la Procuraduría el nombramiento en la Defensoría de “personas que no cumplen los requisitos”.

Su queja tendrá escaso eco, toda vez que la señora procuradora, miembro del mismo combo, sacó adelante una ley que podría llamarse la Ley del Inútil. En ella se rebajan los requisitos e impedimentos a fin de que puedan entrar candidatos que no dan la talla o el oficio. Pronto veremos a dentistas o ingenieros mecánicos en plan de pontificar sobre hermenéutica jurídica. Si todo falla, tres asesores de la Defensoría, que cobran 540 millones por mejorar la imagen de Camargo y ya lo visten con chompa contramarcada, crearán la fantasía de que trabaja por el pueblo. Sí: desde una piscina en Anapoima.

ESQUIRLAS. Por pura presión popular y contra maniobras de Minsalud, el presidente del Congreso, la Andi, el cabildeo de azucareros y galleteros, los 14 parlamentarios que cambiaron su voto y los partidos de derecha, el Congreso aprobó en el último minuto la ley contra la comida chatarra, En el comité que conciliará el texto, sin embargo, se agazapan los enemigos. Cuidado, porque los gatos aún pueden comerse el queso.

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