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Por Ana Bejarano Ricaurte

Al parecer, la Corte Constitucional les dará la razón a DeJusticia y otras organizaciones sociales en su solicitud de alargar el periodo de la Comisión de la Verdad. Ojalá así sea, porque cuánta verdad falta en Colombia. Instituciones como esa sirven, entre otras cosas, para no cometer los mismos errores una y otra vez. Recordar para corregir. Desde hace varios procesos de paz está demostrado que el Estado colombiano auspició e impulsó la creación y el auge de los grupos paramilitares. Y este Gobierno, que ha liderado una guerra frontal en contra de la memoria histórica, parece empecinado en no enmendar el camino. 

El pasado 21 de agosto, tras un consejo de seguridad en la capital del Atlántico, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el alcalde, Jaime Pumarejo, anunciaron que entregaban “el frente de seguridad en Barranquilla, que tendrá el apoyo de empresarios de la región” y alimentará “las Redes de Apoyo Ciudadanas para enfrentar el delito”. 

Hablé con el jefe de la cartera de Defensa para resolver dudas sobre esta propuesta, que suena tan familiar. Según el ministro, es necesario “el trabajo de la comunidad para garantizar seguridad y convivencia”. Según él, las Redes de Apoyo Ciudadano se nutren de “esas capacidades humanas, logísticas y tecnológicas que tienen esas empresas de vigilancia para dar información”. 

Políticas como esta se justifican mejor cuando hay alteraciones estructurales del orden público. La idea es que la solidaridad ciudadana nos sirva para cuidarnos entre nosotros. Se presume que si sumamos más ojos a la vigilancia, podremos “limpiar” las comunidades de las “impurezas” que las infectan. Se trata, en teoría, de la materialización del principio de colaboración mutua entre las autoridades y la gente.  

En cada vigilante hay un proyecto de policía y, como ahora los visten igual, la confusión crece. Como lo explicó el Ministro: “son los guardianes de los barrios”. 

Pero así inició el paramilitarismo en Colombia; así floreció. Lo dijo el mismo Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad: “No se crea una organización político-militar de la noche a la mañana. Fui policía civil, tuve carnet del B2 y estaba recogiendo finanzas, información, armando redes de comunicación, implementando todo este sistema de apoyo. Era un miembro de facto del Estado en apoyo de las fuerzas militares como civil. Así llegamos al horror de la guerra”. 

Y en este escenario las Convivir —Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada— tuvieron un papel protagónico. Según Mancuso, tales organizaciones sirvieron de “bisagra; de engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal. Se recaudaba información que proveía la ciudadanía a las instituciones de seguridad del Estado y viceversa”. Las Convivir, por lo menos en el papel, se parecen mucho a lo que ahora propone el gobierno de Duque.  

El Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay y la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe descansaban en el mismo raciocinio: se necesitan redes de informantes civiles para arrancar la hierba que crece en la sociedad. Un viejo conocido: el enemigo interno, y si, además de los vigilantes armados, la ciudadanía prende sus alertas podremos detectarlo y eliminarlo. 

Propuestas como las que lanzó el Gobierno la semana pasada en Barranquilla conducen a la estigmatización y persecución de los críticos y autorizan a la ciudadanía a ejercer de guardia del vecino. Así empieza, y ya hemos visto cómo puede terminar. 

Claro que el Estado tiene el deber de luchar contra el crimen, brindarnos seguridad y es cierto que una de las razones para la conformación de grupos paramilitares fue el asedio impune de la guerrilla. Pero la insinuación de que el Estado necesita nuestra ayuda para protegernos adecuadamente es el fracaso del contrato social. Como quien dice “aquellos designados para cuidarnos ya no son suficientes, échenles una mano”. Es solucionar la ausencia del Estado con más ausencia del Estado.

Como lo dijo Hobbes, la ciudadanía trasciende el estado de naturaleza, donde cada quien se defiende como quiere y puede, para crear un solo gigante que nos gobierne a todos y entregarle las armas: el Leviatán, “aquel dios mortal, al cual debemos nuestra paz y defensa”. Lo que ocurre es que en Colombia nuestro Leviatán incapaz insiste en devolverle los fusiles a la gente.

El ministro Molano dijo que esta propuesta no es lo mismo que las Convivir porque “aquí ya estamos trabajando con organizaciones establecidas. No se está creando nada nuevo”. En eso último estamos de acuerdo, pero esa diferencia no nos pone a salvo de la tentación de que se haga justicia por propia mano.

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