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La pena de muerte no existe en Colombia. Sin embargo, la muerte se manifiesta hoy como la posibilidad más próxima que tienen miles de presos en las cárceles del país por cuenta de la funesta administración del INPEC para gestionar el hacinamiento que desborda la comprensión meramente numérica.

Para muchos son cifras; para nosotros son nuestros padres, madres o hermanos. Pero sobretodo y en esta crisis, es la política criminal del Estado en cabeza de la Fiscalía de Barbosa la que apunta a un silenciamiento efectivo de los presos políticos gracias a un COVID-19 que se expande a sus anchas. Entonces, a la ya común presunción de culpabilidad que irriga el sistema judicial parcializado se fusiona la pandemia convirtiéndose en un cóctel indiscriminadamente letal. Pero qué importa, si son sólo presos, como el Jean Valjean de Víctor Hugo.

Parece que no se quieren atender las recomendaciones que la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, hizo a los Estados para evitar una todavía más grave crisis humanitaria en los centros de reclusión por la imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de salubridad y distancia. Ni si quiera al país del Sagrado corazón se le doblega la conciencia con el Viacrucis que esta año Francisco dedicó a la población penitenciaria y a sus familias pidiendo que se prevenga una masacre anunciada desde la detección de los primeros casos en el mundo. Ya los tenemos en las cárceles de Villavicencio, la Distrital y La Picota.

Este es un nefasto capítulo que intentamos evitar para todos, pero en este caso hablo personalmente por mi padre. La persecución política contra los falsos positivos judiciales se materializa en diversas etapas que intentan a toda costa torcer la realidad de los casos más polémicos para favorecer las versiones mediatizadas del gobierno. La posverdad, en Colombia, tiene apellido uribista y una larga descendencia, tal como la Fiscalía de bolsillo que está haciendo todos los esfuerzos para torpedear jurídicamente los procesos sensibles para Colombia,  especialmente para impedir que se conozcan los delicados nexos ilegales en el corazón mismo de la Fiscalía. Ocultamiento de pruebas, interceptaciones ilegales a jueces y abogados, hostigamiento y amenazas con acciones legales y violencia contra los imputados y las familias, son todas estrategias con las que nos vamos acostumbrando. No son las manzanas las que están podridas, como afirmó Duque, sino la raíz del Estado.  

Esta crisis sirve entonces de estocada final para sus planes de terrorismo estatal. Para resumirlo e ilustrarlo brevemente, Fabio Martínez Lugo es puesto bajo detención intramural el 9 de mayo de 2019, sin haberse demostrado en ningún momento su peligrosidad; tampoco hacía falta porque todos los medios hicieron ecos, como cotorras, de la versión oficial y esa presión infundada a veces suple los requisitos constitucionales que exigen los jueces. En su proceso se trasladó, sin ningún rigor jurídico ni conexión alguna con el proceso de origen, cerca de 70 Terabytes, sí señores lectores, setenta mil Gigas de documentos digitales para que pesen como pruebas en su contra. Si en condiciones normales esto equivale a cientos de miles de horas de  ingenieros especializados para siquiera aspirar a un estudio minucioso; en condiciones carcelarias esto es prácticamente imposible. La falta de acceso a un computador consigue que no sean pruebas que puedan ser debatidas sino Teras de lastre amarrado a un cuerpo para que se hunda lo más rápido sin que logre defenderse. Es una injusticia que condena a quemarropa.

¿Por qué esta saña, de dónde viene esta sevicia jurídica? Los fiscales que instruyen el proceso son Daniel Hernández y Álvaro Betancour, los mismos que han sido ampliamente cuestionados por sus vínculos con Odebrecht; los que además, según recientes publicaciones, han presionado laboralmente a los funcionarios del CTI para revelar las fuentes de la ‘Ñeñe-política’. Ellos pretenden que mi padre les ofrezca la información destinada a la JEP, sobre los verdaderos vínculos de las chuzadas orquestadas desde el Búnker contra los negociadores de paz, entre otros casos demasiado intensos como para que cedan el control a la justicia transicional. Le ofrecen una inmunidad absoluta a los cuatro vientos para que puedan iniciar profundas, muy profundas investigaciones que acabarán, con toda seguridad, profundamente engavetadas porque de llevarlas a cabo mostrarían la cara de Néstor Humberto y estos perros fieles no muerden a sus amos.

En este punto regresamos a la Picota: las recomendaciones de la Alta Comisionada hablan de permitir la libertad a los presos políticos, contra quienes hay poco o nada valioso jurídicamente. Al tiempo, el modelo de decreto que prepara el Gobierno define que no se permitirá la libertad para quienes hayan cometido delitos contra la administración pública, asunto del que sería responsable mi padre según los impolutos fiscales Hernández y Betancour. Me temo entonces que este montaje judicial ya no es una triquiñuela política, una estrategia para cubrirse la espalda, sino una sentencia premeditada de muerte para él y otros presos políticos. Una maniobra perfecta dado que se ahorrarían muchas explicaciones incómodas. Es mejor que fallezca un recluso por pulmonía aguda, ni siquiera por COVID-19, a que se sepan las calidades humanas que dirigen la Fiscalía y sus socios de la Casa de Nariño. Con ellos no solamente morirían por negligencia personas, que de por sí es gravísimo, sino también las posibilidades de que Colombia conozca la verdad sobre delitos perpetrados por el Estado.

Este es el país de los miserables, de miles de Jean Valjean condenados a la pobreza estructural, condenados a pesar de su inocencia y por tanto, condenados en esta crisis a la muerte en un aislamiento innecesario. La privación de la liberad, último baluarte de las democracias liberales, hoy se trastoca en un arma política gratuitamente usada por el gobierno. El hacinamiento aquí parece ser tan viejo como las cárceles. Ahí es donde no dudo en imaginar a estos Fiscales y al mismo Martínez Neira, quienes deberían estar en esa celda, en lugar de mi padre, degustando los rigores de la verdadera justicia que por la mezquindad le están negando a los colombianos. Al final, no somos como ellos, pese a la prisión física de nuestros cercanos, en nuestro interior la inocencia nos hace libres. Ellos, en cambio, pagarán entera la cadena perpetua de la infamia. 

Columna escrita por:  Felipe Martínez Bueno

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Categories: Notas Ciudadanas

3 Comments

Columna: El País de los Miserables

  1. A ningún gobierno le ha interesado la calidad de vida de los presos. Por ello la inversión en cárceles dignas no ha sido una prioridad. Así como tampoco la salud y la educación.
    El sistema caecelario se reduce a los aspectos punitivos y no a la reeducacion de esos seres humanos.Que más muestra q este es un capitalismo salvaje.

  2. Felipe, muy conmovedor tu artículo, pero sobretodo muy real…Dios quiera que se haga justicia y que no seamos tan indiferentes con las condiciones infrahumanas a las que están condenados los presos en nuestro país!

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