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A propósito de la reclusión domiciliaria para evitar el contagio de los internos.

Mediante el Decreto Legislativo 546 de 2020, en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social, el Gobierno dispuso la detención y prisión domiciliarias transitorias y revocables, entre otros, para personas mayores de 60 años, mujeres gestantes o con niño menor de 3 años, individuos con ciertas enfermedades, condenados a penas inferiores a 5 años de prisión y aquellos que hayan descontado el 40% de la pena impuesta incluidas las redenciones por trabajo y estudio.

No obstante, en su artículo 6 creó tantas exclusiones, que no ha cumplido su esperada función de evitar o por lo menos minimizar los contagios en las cárceles del país.

 

Debe precisarse que los propósitos del Decreto Legislativo no corresponden a una amnistía, a un indulto, a la apología de la impunidad o a una causal de libertad provisional y tanto menos tienen carácter definitivo.

 

La detención y la prisión domiciliaria son medidas de efectiva privación de la libertad del procesado o condenado en su residencia, no con carácter irrevocable y permanente, sino de índole esencialmente transitoria, esto es, hasta que se solucione el embate de la pandemia y que puede ser revocada si no se cumplen las obligaciones a las cuales se compromete el beneficiario (artículo 24), precisando, que conforme al artículo 23 del Decreto, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), realizar la verificación periódica sobre el cumplimiento y reportar a la autoridad judicial competente.

 

El fundamento de las decisiones del Gobierno no está determinado por lástima, conmiseración o pesar con las personas reclusas, sino por el cumplimiento de exigencias internacionales: Las formuladas por la CIDH (comunicado de prensa del 31 de marzo de 2020) sobre el contexto actual de emergencia sanitaria y los altos niveles de hacinamiento en las cárceles como factores para un mayor riesgo de contagio; las contenidas en el artículo 49 de la Constitución Política sobre atención en salud y saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado y la garantía de su promoción, protección y recuperación; y las dispuestas en leyes, como la 1751 de 2015, artículo 5, sobre el derecho fundamental a la salud y el deber del Estado de respetarlo, protegerlo y garantizarlo, de manera que no se trata de un favor o gracia en pro de los reclusos.

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El Decreto Legislativo no puede tener como objetivo deshacinar las cárceles, pues desde hace más de 22 años, con las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015, y el Auto 121 de 2018, la Corte Constitucional ha constatado la persistente violación de los derechos de los privados de libertad y el incremento del hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, sin que el Estado haya emprendido dentro de sus competencias y facultades ordinarias medidas eficaces para conjurarlos, de modo que no se puede ahora acudir a la legislación excepcional para solucionar tal asunto, no dispuesta para esos cometidos corrientes.

 

No se trata de un asunto de legalidad o de cumplimiento de la función retributiva de la pena, pues de ser así, todos los condenados deberían seguir purgando su sanción, se trata de una situación excepcional en grado sumo, de cobertura mundial y como tal, impone soluciones también excepcionales, no en procura de asegurar la legalidad, sino de proteger de manera efectiva la población recluida en su derecho a la salud, en conexión innegable con su derecho a la vida.

 

En el Decreto Legislativo se precisa que hay 120.667 personas privadas de libertad, frente a un cupo habilitado de 80.763, es decir, que hay un sobrecupo de 39.914.

 

Con un criterio de razón práctica debe reconocerse que ni aún con el cupo de 80.763 personas podría evitarse el contagio, pues no se conseguiría el “distanciamiento social y el aislamiento” recomendado el pasado 13 de marzo por el Director General Organización Mundial de la Salud, de manera que, para tener alguna eficacia, el Decreto Legislativo debe asegurar –en el peor de los casos— que por lo menos esos 39.914 reclusos se beneficien de las medidas transitorias y revocables. Sin embargo, el Ministerio de Justicia informó a la Corte Constitucional que al 7 de mayo de 2020 habían sido beneficiados con domiciliaria transitoria 320 personas, luego es claro que ese Decreto no sirvió!

 

Causa curiosidad, por decir lo menos, que el artículo 25 del Decreto disponga un trámite especial frente a personas que “conforme a los registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario hayan cumplido la pena impuesta”. Basta expresar que quienes ya pagaron su sanción no requieren una norma excepcional sobre cómo proceder. Con base en las disposiciones ordinarias se impone la libertad inmediata, pues de lo contrario se estaría cometiendo el delito de prolongación ilícita de la privación de libertad artículo 175 de la Ley 599 de 2000.

 

Corresponde a la Corte Constitucional hacer extensivos los efectos del Decreto Legislativo a los inimputables privados de libertad en centros psiquiátricos, de los cuales nada se dice y que al igual que los imputables deben ser protegidos en su salud y vida, máxime si se encuentran bajo la férula del Estado.

Antonio Fácula

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Categories: Notas Ciudadanas

One comment

ESE DECRETO NO SIRVIÓ

  1. Estamos en sintonía ,quienes hemos tenido la ocasión de trabajar con la población carcelaria en el predicado de surtir requisitos de orden académico, pero también ,con la íntima satisfacción y gratitud por haberlo podido hacer, no somos ajenos al sinnúmero de necesidades y condiciones de orden físico y moral que adolecen quienes se han equivocado. La política criminal en el asunto carcelario,ha sido un tema de tercer orden en el esquema estratégico del organigrama que atañe a la infraestuctura física del Estado. Independientemente de la expedición de decretos que alivien-para usar un término de moda- una situación de hacinamiento en condiciones deplorables, lo que hay que hacer es construir los complejos físicos que puedan albergar con el mínimo de racionalidad a las personas-seres humanos- que enfrentan una situación de la cual nadie esta excento. Para qué y por qué destinar recursos del Estado en ornato, suntuosidad, gastos de representación, remodelaciones innecesarias y demás-para no entrar en honduras-, cuando se grita a voces-como lo hacen los árabes con sus muertos-, que las cárceles son pocilgas infrahumanas. El maestro Esteban Jaramillo lo planteo, -La hacienda pública y sus herramientas entraña en su espíritu más profundo, la tarea de satisfacer las necesidades básicas de la existencia humana-. Que el decreto sirva o no, és lo menos grave, lo sustancial y orgánico és el sentido común, es la lógica en armonía con la expedición de disposiciones que se orienten al norte de la sustentación de un estado de cosas a largo plazo.

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