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Por Ana Bejarano Ricaurte

La pandemia del covid-19 hirió estructuralmente la economía colombiana. No solo se acabó la plata sino que la riqueza se concentró más. En este país tan desigual —uno de los peores del mundo— la pobreza monetaria aumentó del 35,7% al 42,5% y la pobreza extrema del 9,6% al 15,1%. Es un retroceso de décadas. Por eso el Gobierno de Duque salió a buscar activos para vender y eligió a ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), una de las joyas del Estado colombiano. 

El saliente presidente de la compañía, Bernardo Vargas, deseó que quienes la codician “sean conscientes de la joya que es ISA, de la novia tan bonita que es”.  Además de bonita es inteligente, porque la transportadora de energía no solo tiene un portafolio robusto, sino que se precia del altísimo nivel de su gobierno corporativo: técnico, probo y lejano de intereses políticos. 

Y muy pronto le aparecieron varios pretendientes. Entre ellos, el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), que manifestó sus intenciones de hacerse a la compañía energética. En enero de este año, el GEB hizo una oferta no vinculante al Gobierno nacional, manifestó la intención de cuatro bancos de respaldar la operación y hasta planteó varias opciones, como crear una gran empresa en torno a ISA, donde se pudiera preservar lo que la ha hecho triunfar en el mercado. 

Pero rápidamente apareció un galán más insistente: Ecopetrol, que exigió la firma de un acuerdo de confidencialidad que permitiera avanzar la negociación a oscuras. Aunque representaba más dinero para la nación, el Gobierno, sin dar muchas explicaciones y en un tono de “aquí mando yo”, desechó la oferta del GEB.

Algunas organizaciones sociales pidieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca detener la venta, por lo menos provisionalmente, para obligar al Estado a explorar ofertas más provechosas que reflejaran mejor el valor y proyección estratégica de ISA. El Gobierno “tranquilizó” a los jueces diciendo que el negocio no estaba finiquitado, pero días después intempestiva y secretamente firmó el contrato y salió con la excusa de que ya no había nada que detener. Este Gobierno es un abanderado del refrán que dice “mejor pedir perdón que permiso”, aunque tampoco pide perdón. 

Claro que hay leyes que le permiten a Duque organizar la venta a su antojo, en especial si es entre entidades públicas; hacerlo de manera privada, sin subasta, sin dar muchas explicaciones. Pero varios expertos del sector señalan que la forma en que se hizo la transacción denota un afán insano, casi alarmante, que condujo a un detrimento de la billetera pública y negó la posibilidad de que la libre competencia permitiera un mejor negocio. No se maximizó el valor de ISA, Ecopetrol hizo la compra del año, mas no la nación. La autoventa de ISA le permitía al sector político que actualmente ejerce el poder permanecer en control de ambas compañías y de la ejecución del negocio.   

Existen muchos aspectos técnicos y debatibles de este matrimonio arreglado. Por ejemplo, si a una petrolera le sirve o no una transportadora de energía, o si se está privatizando a ISA. Y este Gobierno, experto en oscurecer, se ha esforzado en imponer su visión de la venta. La poca atención que se le ha prestado al asunto ha dado más para aplausos que para cuestionamientos serios. 

Ningún medio interesado en preguntar cuáles son las razones de peso para negar la propuesta del GEB. Nadie que averigüe por qué se cercenó la posibilidad de que el precio de ISA lo pusiera el mercado y no la junta directiva de Ecopetrol. ¿Lograremos saber cuál será el afán que impulsó al Gobierno a hacer todo esto a las patadas? ¿Acaso el apremio por llenar las arcas estatales para las elecciones? ¿Habrá algún influyente asesor cercano a Palacio y a Ecopetrol? Ojalá también sepamos si los 14 billones de pesos que recibimos por la venta —adicionales a los de la reforma tributaria que acaba de aprobar Duque por la puerta de atrás— se invertirán en un rescate social.

El Gobierno ha aprovechado lo enrevesado del asunto para hacerlo de prisa y engañar a los jueces. Prostituyeron a la novia guapa y lista al postor más poderoso, más impositivo, pero quizás el peor partido. El proxeneta fue ese sector político que sigue manejando a Colombia como si el erario fuera su billetera y los bienes públicos, caballos de su finca. 

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