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“Pa’ los del norte, sí/ Para los otros, no”. Zamba. Int. Mercedes Sosa

Por Daniel Samper Pizano

La embajada de Estados Unidos tuvo la cortesía de notificarnos que se alistan para desembarcar en Colombia unos fieros militares que asesorarán y entrenarán a los nuestros en la lucha contra los narcos en el Pacífico y la frontera venezolana. Confirmaron la noticia y agradecieron a su generoso aliado el presidente y al ministro de Defensa. Este, gracias a la distancia antivirus, se ahorró la humillación de aparecer agachaíto al lado del embajador.

No les creo. Todo es tan raro y nos han mentido tanto, que a esta caperucita roja le veo cola peluda. Para empezar, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, mencionó el compromiso mutuo contra el narcotráfico pero amplió de manera inquietante el propósito de la misión. La ñapa es triple. 1) “Apoyo a la paz regional”. O sea que Venezuela entra en el juego. 2) “Respeto a la soberanía”: ¿De veras? ¿Han venido a darnos clases de soberanía? La primera lección —Panamá 1903— sigue doliéndonos. 3) “Promesa de defender los ideales y los valores compartidos”. Si uno mira los valores del actual gobierno de EE. UU. —racista, machista, mendaz, xenófobo, irresponsable—, hallará pocos valores dignos de compartir.

A partir del ignorado número de la tropa, todo suena sospechoso. Oficialmente se trata de unas docenitas de militares. Pero la revista del Ejército estadounidense, Armytimes, habla de un grupo “del tamaño de una compañía”. Y una compañía, según las Fuerzas Armadas de EE. UU., tiene entre 60 y 200 soldados. Los denomina asesores, y uno los imagina con corbata y gafas. Pero no: Army News describe a los miembros de la de la SFAB (Security Force Assistance Brigade: se entiende en español) como personal especializado en medicina, supervivencia, evasión, resistencia y escape. A lo mejor también tocan violín. Algo que no reveló el embajador: ¿nuestro Senado autorizó la presencia de esta tropa, como exige la Constitución (art. 173-7)? Seríamos un remedo de país si aquí pueden entrar numerosos soldados extranjeros, meterse en la selva, ayudar a echar bala y marcharse sin que el principal cuerpo legislativo lo autorice. Dice el jurista J. J. Gori: “Solo mediante un tratado solemne puede pactarse que al país ingresen agentes armados extranjeros prevalidos de autoridad y que desempeñan funciones relativas a cuestiones que son de la soberanía reservada”. Como consuelo, los dos gobiernos advierten que “los miembros de la brigada cumplirán los protocolos de bioseguridad”. Tranquiliza saber que a los pobres soldados gringos no les clavarán los protocolos de Trump, causa de miles de muertes por rechazar la verdad científica, y se someterán a los requisitos de Colombia. ¡Sí, que respeten! ¡Para eso somos una nación soberana!

La neblina de la pandemia opaca la abrupta presencia de los militares rubios, pero es fácil captar que no se trata de un hecho aislado, sino parte de un rompecabezas temible. He aquí otras fichas. En enero del año pasado, el Consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, exhibió una nota en su libreta que rezaba: “5.000 soldados a Colombia”. Nunca explicó de qué se trataba, pero quedó flotando la sombra de una posible invasión a Venezuela y una guerrita contra la dictadura del impresentable Nicolás Maduro. Meses después, Washington aumentó las amenazas y sanciones contra Caracas. Hace poco se derrumbó por su propio peso un complot de opereta para derrocar a Maduro. El elenco era esperpéntico: mercenarios gringos, una empresa de seguridad privada que conspira por contrato, quizás militares colombianos y el desleído candidato Juan Guaidó. Hubo muertos, detenidos y subversivos confesos. Un trino “chistoso” de Trump multiplicó la farsa. Más despropósitos: el 13 de mayo, Estados Unidos incluyó a Cuba entre las naciones terroristas. Miguel Ceballos, Comisionado colombiano para (desmontar) la Paz, se vanagloria de este veto a un país que colaboró lealmente con los esfuerzos colombianos en pro de la paz. Y ahora, de remate, aparecen las brigadas de la PFAB por silencioso ensalmo. Como no creo en coincidencias ni astrologías, me pregunto en qué peligrosa y callada aventura nos está metiendo el gobierno de Uriduque.

Vuelvo al comienzo. No me digan que luego de haber luchado contra la droga y el narcotráfico durante más de 40 años, de haber sacrificado a miles de ciudadanos, policías, soldados, periodistas y hasta curas no hemos aprendido nada y necesitamos importar militares gringos de una brigada bisoña con cuatro años de historia para que nos asesoren y enseñen. Aquí hay más que eso. Y si no lo hay, es porque el problema está enfocado al revés. La solución no es bombardear ni asperjar las zonas cocaleras. Hay dos. Una, legalizar. La otra: si baja el consumo, bajarán la siembra y el tráfico. Quizás la receta sea despachar una brigada de soldados colombianos acostumbrados a pelear en la jungla y dormir en cambuches, para que Estados Unidos empiece a combatir de verdad su desbordado consumo. La noticia podría anunciarse desde la embajada de Colombia en Washington.

Esquirlas. Ecos de Palacio: “¡Viejos pendejos! ¿Les parecieron pocas dos horas semanales al sol? Pues les quitamos media. ¿Les pareció mucho un mes más de encierro? Pues les añadimos otros dos. ¡A ver si aprenden, jodones!”


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4 Comments

LOS SOLDADOS QUE LLEGAN DEL NORTE

  1. Una pluma de seso y con estilo propio, ya lo dijo el ministro de ¨guerra¨ llegaran y se pasearan como pedro por su casa y también se pasaron por la galleta el consejo de estado y a los honorables senadores, aquí tenemos un gobierno autoritario.

  2. El tema, más allá de su enfoque, sí es de alto vuelo, desde el punto de vista constitucional,el movimiento de tropa extranjera en el país ,és un asunto serio que no puede estar sujeto al criterio coyuntural de nadie . La soberanía, es por exelencia el bien común más apreciado del Estado, y por ende su soporte moral. Pasarse por la faja una disposición de la carta, és incumplir lo jurado por el Presidente de la República, señor Iván Duque,-aquí no hay lugar a la sorna-, quien está en la obligación de someter tamaña decisión al criterio del senado como lo ordena la ley. La majestad, y aún más, la dignidad del cargo del primer mandatario,-sea quien fuere,legalmente posesionado-, debe ajustarse a los preceptos establecidos sin ambajes ni interpretaciones. No somos habitantes de un feudo sin control, ni de una hacienda donde se hace lo que ordene su dueño ,estamos en la República de Colombia, que duelale a quien la duela , es nuestro país y DEBE SER respetado.

  3. Respetable y admirado Sr. Samper, me parece muy acertada su columna, pero he de manifestar mi desacuerdo en usar el típico argumento, también usado por los traquetos, de que la culpa es de los países consumidores. Los narcotraficantes, junto a sus socios gringos o europeos, controlan toda la cadena, desde la producción local al jibareo callejero en las ciudades de destino, por lejos que estén. El sistema es casi piramidal y se inicia enviciando a jóvenes que se convierten en jíbaros a cambio de su propia dosis y que aportan nuevos consumidores a los que les venden, una parte de éstos últimos también serán nuevos jíbaros que también traerán nuevos clientes. Los cocainómanos y sus familias también son víctimas. El pobre campesino colombiano que ve mucho más rentable la siembra de coca y la elaboración de pasta base que el cultivo de arracacha sabe bien que comete un ilícito, el pescador del Pacífico dedica su embarcación al transporte de cocaína porque gana infinita más plata que pescando pargo. Éste circuito maldito ha sumido al país en una ciénaga de corrupción, violencia homicida y degeneración colectiva catastróficas, pero, además, con un desprestigio internacional insuperable en muchas generaciones. La guerra contra las drogas se ha hecho mal, a la vista están los resultados. La idea de la legalización puede ser hasta loable y, quién sabe, podría ser una solución. Pero si el estado colombiano lo hiciese de forma unilateral, se convertiría en un estado proveedor de mafias internacionales. La legalización debiera hacerse en los países de destino también y eso es, hoy por hoy, totalmente imposible: ni el Congreso USA ni el Parlamento Europeo (es donde se decidiría) se lo van ni siquiera a plantear, al menos en muchísimos años. Por tanto, no queda otra solución que medidas de disuasión y compensación en la sustitución de cultivos, posiblemente tal y como se pactó en los acuerdos de paz. El problema es que las “guerrillas varias” hace muchos años que perdieron su último atisbo ideológico y se convirtieron en narcoguerrillas y no tardaron en sumarse al negocio los narcoparacos (si es que no nacieron ya con esa condición “empresarial”). No hay solución fácil ni indolora, pero el Estado no puede quedar paralizado, ni con éste Gobierno ni con otro, viendo como se aumentan los miles de hectáreas de cultivo. Los narcos también aplican ingeniería genética y han mejorado las cosechas, se dice que la producción de cocaína es de 10 kgs por hectárea. Es decir, si hay 200.000 hectáreas sembradas, se producen 2 millones de kgs al año (2000 toneladas), si el precio medio en destino es de 50.000 dólares/kg. y retornase al país ¿el 20%? tenemos unas “utilidades” de 20.000 millones de dólares anuales. La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) estima que el narcotráfico en nuestro país podría estar entre el 5 y 8% del PIB. Podemos resignarnos a seguir siendo un narcoestado e institucionalizarlo (si así nos ha ido tan maravillosamente bien, pues sigamos así) o habrá que darle la batalla duramente y en todos los frentes. No hace falta que vengan gringos, es cierto, pero algo hay que hacer y rápido, porque ya se le ha dejado coger mucha ventaja.
    Con todo respeto.

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