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Por Ana Bejarano Ricaurte

Creole, grupo sanandresano de música caribe, escribió una canción titulada Paña Man, en la cual denuncia la postura conquistadora de la Colombia continental con los pueblos raizales del archipiélago. La tonada dice así y la reproduzco en creole, porque el lenguaje del pueblo raizal está en vía de extinción según la UNESCO y varios de ellos me expresaron su tristeza de que “los niños hablen en español a sus abuelos”: “Paña man fight for dominion, livin in a native land, the land is supposed to be our inheritance from our granparans. Somewhere, somehow we lasted, you keep us hungry, you keep us fightin”. (“Paña man lucha por el dominio/ viviendo en un territorio ancestral/ se supone que la tierra es la herencia de nuestros abuelos./ En algún lugar y de alguna manera hemos perdurado/ nos mantienen hambrientos, nos mantienen peleando”).

Paña man es una expresión que aúna los vocablos España y man para identificar a colonos extranjeros y personas del continente que llegan a desconocer a los pobladores originarios. El despectivo apodo representa cientos de años de historia en los que las poblaciones ancestrales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han recibido pocos e intrascendentes o indeseados reconocimientos del Estado colombiano.

Hay todo tipo de muestras de apatía y abuso, y las estructurales consecuencias de tanta desidia empeoraron con la irrupción del Huracán Iota. El más reciente ejemplo lo protagoniza la imposición de la Armada Nacional de construir una estación de guardacostas que tendría efectos desastrosos en el Arroyo de Bowden en Providencia. Aunque es un viejo deseo de la institución, la decisión de la Corte de la Haya en 2012, en la que se le concedió un pedazo de mar a Nicaragua, apuró el interés del Ejército de sacar a relucir sus filosos dientes desde las estratégicas costas de la isla.  

La estación que pretende construir la Marina irrespeta la planeación territorial actual, así como amenaza con devastar un valioso ecosistema y una reserva ambiental protegida. Y tal vez lo más importante, desconoce las diversas ocasiones en las que la población raizal de Providencia se ha pronunciado en contra del proyecto, en los escenarios de consulta previa. 

Busqué a la Armada para oír su perspectiva: para ellos el proyecto no toca el Arroyo de Bowden, sino un predio aledaño, sofisma que desconoce que construir frente a esa biósfera implicaría su destrucción. Dicen además que la consulta se agotó y pues de malas los isleños inconformes. Y que cuentan con unos permisos parciales y viejos, pero ignoran las órdenes de este año de autoridades ambientales y de planeación de desalojar el lugar. Niegan también el vertimiento de escombros, cuando ello está ampliamente documentado:

Fotografía del predio donde pretende construir la Armada: se evidencia el vertimiento de escombros, carpas, planta de agua y otros elementos.
Fotografía del predio donde pretende construir la Armada: se evidencia el vertimiento de escombros, carpas, planta de agua y otros elementos.

El Estado colombiano se ha manifestado en las islas con ejercicios de soberanía y de fuerza, no con políticas públicas de desarrollo y dignidad para sus gentes y su especial cosmogonía. Colombia ha permitido que se imponga un turismo extractivista, priorizado sobre el bienestar de quienes son dueños de esos territorios ancestrales. La amenaza a la cultura raizal ha venido de la mano de un modelo económico que los ha obligado a vivir de las migajas del turismo y del narcotráfico. 

El gobierno central aparece para marcar territorio, no para reconocer derechos. Por eso no sorprende la construcción de una estación de guardacostas en una ciudad donde no hay hospital. Tampoco ignoremos que la construcción de este faro implica además una jugosa contratación. 

¿Y si ese dinero se invirtiera en llevar educación, salud u otros servicios estatales trascendentales? ¿En ofrecer otras caras del Estado que no sea la de la fuerza? Claro que algo de plata mandan; el problema es quién se la queda. 

A la estación de guardacostas se opone el Dignity Camp, un movimiento popular y étnico, liderado por Edgar Jay. Este líder social y su abogado, Miguel Ángel Castell, ambos raizales, ya han sido amenazados de muerte en dos ocasiones este mes. En la primera, hombres en motocicleta le advirtieron que a Jay que lo iban a matar si no retiraba una “denuncia”. Coincidentemente, había presentado unos días antes una querella contra la dirección de la DIMAR. El archipiélago ha sufrido tanta indiferencia del Estado colombiano que, por fortuna, ni siquiera ha llegado allá el genocidio de los líderes sociales, pero alguien parece interesado en romper ese récord. Para la Marina eso es un problema de la fiscalía de Barbosa.  

El proyecto de la Armada es el ejemplo perfecto de un Estado cuya política frente al archipiélago de San Andrés Islas ha vacilado entre el abandono absoluto y la imposición de la fuerza para desconocer a los pueblos originarios. Tal vez por eso cuando un “continental” -quizá un Paña Man– visita desde Bogotá, muchas veces le comentan: “ah, tú eres colombiano”.  

San Andrés, Providencia y Santa Catalina necesitan la reconstrucción que Duque prometió y después echó para atrás. La misma que ahora parece haberse extraviado entre las creativas contrataciones de la gerencia de la reconstrucción, un tema para otra ocasión. Demandan también que no se ponga en peligro a los líderes sociales de su pueblo por reivindicar sus derechos. Exigen que la Armada los escuche y que el Estado colombiano aparezca allá en forma de calidad de vida, o como dicen en el Campamento Dignidad: “everything, for everyone”: Todo para todos.

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