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Por Catalina Botero

Hace algo más de un siglo dijo el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson: “Si un gobernante piensa demasiado en su reelección, lo más probable es que no merezca ser reelegido”. Él tenía por qué saberlo, pues fue elegido en 1913 y reelegido en 1921. Hablamos de un tema fundamental en las democracias, sobre el cual, felizmente, se acaba de pronunciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la reelección presidencial.

En la mayoría de nuestros países el presidente tiene un enorme poder: es jefe de la administración, de las relaciones internacionales y de las fuerzas armadas; puede proponer y vetar leyes; le compete nominar a quienes ocupan los más altos cargos en la magistratura o en la Fiscalía; adicionalmente, dispone de robustos recursos y endebles controles. Todo ello inclina severamente la cancha electoral a su favor. En semejante situación, la reelección, y especialmente la reelección indefinida, se convierte en nido de formidables distorsiones que atentan contra una genuina democracia. Justo por esta razón, en las constituciones latinoamericanas de finales del siglo pasado e inicios del presente se prohibió la reelección indefinida y solo en un caso excepcional se admitió la reelección consecutiva por un solo periodo. Quienes impulsaron esas reformas, al parecer, se preocupaban más por fortalecer las democracias que por permanecer en el poder. 

Sin embargo, en lo que va corrido del siglo XXI, presidentes latinoamericanos en ejercicio y expresidentes deseosos de regresar para quedarse debilitaron los límites que con sabiduría se habían fijado. Quince de diecinueve países han flexibilizado las reglas constitucionales sobre la reelección. Cuatro de ellos establecieron la reelección indefinida: Venezuela, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Estos cambios no fueron el resultado de deliberaciones concienzudas y plurales sobre las mejores reglas institucionales, sino que, cabalgando sobre su popularidad, poderosos presidentes lograron reformar las reglas del juego para atrincherarse en la cabina de mando.

El pretexto para eliminar el límite a la reelección fue, en la mayoría de estos casos, que dicho límite violaba los derechos humanos del ciudadano presidente a la igualdad y a ser elegido. ¿Igualdad entre un poderoso presidente y sus débiles y algunas veces acosados rivales? Nada más absurdo desde el punto de vista constitucional. Los colombianos recordamos cómo la Corte Constitucional de nuestro país consideró, por el contrario, que reformar la Carta para permitir la segunda reelección del presidente violaba los pilares democráticos. 

Idéntico argumento al de la Corte Constitucional acaba de sostener, en buena hora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estableció la CoIDH en su más reciente Opinión Consultiva que las personas no tienen el derecho humano a la reelección indefinida ni a permanecer eternamente en el poder. Señaló que en regímenes hiperpresidencialistas, como el nuestro, la reelección indefinida afecta el funcionamiento del Estado de derecho, rompe gravemente las condiciones de igualdad en la contienda electoral, compromete el pluralismo político y desequilibra el sistema de frenos y contrapesos propio de una democracia. La misma Corte que condenó a Colombia por los hechos del Palacio de Justicia, por la violación de los derechos políticos de Gustavo Petro y por múltiples masacres de campesinos acaba de decir que las reformas que permitieron la reelección indefinida en Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Honduras violan la Convención Americana. De esta manera, desmonta el falso andamio al que trepan quienes intentan permanecer de manera permanente en el poder y esgrimen para ello razones falsamente fundadas en la defensa de derechos humanos. 

Sigue siendo verdad lo que decía James F. Clarke: “El estadista piensa en la próxima generación; el político, en la próxima elección”. Y, agreguemos, el autócrata en las sucesivas reelecciones. 

Coda 1: Hay personas que se indignan cuando se violan los derechos humanos de quienes piensan como ellos, pero justifican el atropello si se trata de quienes piensan distinto. Las reacciones diferenciadas frente al abuso de la fuerza en las protestas en Colombia, Cuba o Venezuela lo demuestran. Igual sucede con la democracia. Muchos se indignan por ciertas reformas institucionales que dañan el juego democrático si esas reformas los afectan, pero las apoyan si les conceden ventaja. El caso de la reelección presidencial es un buen test para identificar si uno sufre de indignación selectiva. 

Coda 2: Estudiantes y profesores de la Universidad EAFIT han recibido amenazas de muerte por manifestar con libertad su opinión sobre las protestas sociales. En un Estado serio y con instituciones realmente comprometidas con la defensa de la democracia, quienes lanzaron tales amenazas estarían ya judicializados. La impunidad en estos casos es más que una simple omisión.

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